Basta con ser designado ministro de Educación y las chances de ser acusado constitucionalmente se multiplican. Así lo vivieron los destituidos Yasna Provoste (2008) y Harald Beyer (2013). En la misma fila estuvieron los exministros Marcela Cubillos (2019) y Raúl Figueroa (2021), pero estos dos últimos se salvaron. La oposición no logró reunir los votos para que se les obligase a dejar el ministerio y a estar cinco años sin ocupar un cargo público, como les ocurrió a Provoste y a Beyer.
Ahora es el turno del ministro de Educación del Presidente Boric. El profesor Marco Antonio Ávila fue designado en marzo de 2022, pero en cada cambio de gabinete es señalado como candidato a salir. No está bien evaluado. Y ahora enfrenta una acusación constitucional apoyada por la oposición en bloque que fue presentada el lunes 19. Un día antes, la encuesta Cadem marcó una baja de 17 puntos en la popularidad de Ávila, situándola en un 39%.
“Él llegó un tarde año a la reactivación educativa y se mete en un tema tan conflictivo como es el de la educación sexual y la diversidad del tipo LGBTI. Está con el foco equivocado ¿Para qué se mete en la pata de los caballos y no hace lo que debiese hacer?”, señala Mariana Aylwin.
Bomba estandarizada
Un gran terremoto sacudió al Ministerio de Educación y al Gobierno. En medio de la crisis sanitaria que tuvo como consecuencia cinco lactantes fallecidas por falta de camas críticas, y el reemplazo del subsecretario de Redes Asistenciales Fernando Araos -por su incapacidad para proveer de infraestructura a la red de salud-, otra bomba explotó.
El 14 de junio se dieron a conocer los resultados del Simce, prueba estandarizada aplicada en 2022 que midió el rendimiento (en Lenguaje y Matemáticas) de estudiantes de 4º básico y de 2º medio. Las cifras fueron nefastas: los peores resultados en más de 10 años. Se bajó 10 puntos en 4º básico y 12 puntos en 2º medio. El Simce no había sido aplicado desde 2018 y es un reflejo, en parte, de que la red de colegios de educación pública estuviese 259 días sin clases presenciales a causa de la pandemia.
Los expertos han dicho que este es un Simce que, en lo general, muestra que los niños de 4° básico aún son prácticamente analfabetos y que los estudiantes de 2° medio no tienen capacidad de comprensión lectora ni para enfrentar problemas matemáticos.
En el lenguaje del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila: “Esta es la fotografía del sistema educativo que nos señala cuáles son los efectos que tuvo en el ámbito socioemocional y en el aprendizaje el distanciamiento de las y los niños y los jóvenes de los centros educativos”.
La oportunidad
Esta derrota en el Simce, que no es de responsabilidad de la administración Boric, animó a la oposición a concretar la acusación contitucional (AC) que hace semanas había adelantado que presentaría. Nunca antes un titular del Mineduc había sido acusado constitucionalmente por tantas causales. Pero la cantidad no es lo importante, lo que cuenta es la calidad de los argumentos.
“A mí no me gusta este ministro, está muy deslegitimado ante la opinión pública. No es la persona que podría liderar una gran reactivación educativa. Pero no se puede acusar si no se cumplen aquellos requisitos que establece la Constitución. Los argumentos para una AC debiesen ser graves y no hay ninguna de las acusaciones que se han hecho en el último tiempo que cumplan con estos requisitos. Usar un instrumento constitucional para una función política, no corresponde”, dice Mariana Aylwin, exministra de Educación del Presidente Lagos.
En Renovación Nacional, el diputado Diego Schalper asegura que existen claras vulneraciones a la carta fundamental en la gestión del ministro. Por ejemplo, atentaría contra la libertad de enseñanza y el derecho constitucional preferente de los padres a educar a sus hijos, tanto por las “Jornadas de Educación No Sexista” como por las “Orientaciones para el resguardo del bienestar de estudiantes con identidades de género y orientaciones sexoafectivas diversas en el sistema educativo de Chile”.
El subtexto de esto es reflejar un ministro enfocado en temas no prioritarios, en la “alfabetización en sexualidad”, como él mismo define.
“Él llegó un año tarde a la reactivación educativa y se mete en un tema tan conflictivo como es el de la educación sexual y la diversidad del tipo LGBTI. Está con el foco equivocado ¿Para qué se mete en la pata de los caballos y no hace lo que debiese hacer?”, señala Mariana Aylwin.
Se le cuestiona también por no considerar en la educación “inclusiva” a los discapacitados y solo a las diversidades sexuales. En otro capítulo se critica su rol como conductor del sistema educativo con consecuencias como el agravamiento del ausentismo y de la deserción escolar, la deficiente infraestructura educativa, y otras decisiones que dañarían la calidad de la educación pública del país. Existen dos capítulos sobre faltas dentro de la Junaeb (Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas) dependiente del Mineduc, uno de los cuales acusa irregularidades en los pagos de las raciones de alimentos que costaría $ 110 mil millones al Estado.
La AC es un juicio jurídico, pero también político -aunque la oposición lo niegue- y, para comenzar debe contar con el apoyo de una mayoría simple de 78 votos en la Cámara de Diputados antes de pasar al Senado. La oposición, que presenta la AC, aún no tendría esa cantidad de votos en la Cámara y está a la caza de diputados independientes y de representantes de Evópoli y de la Democracia Cristiana -entre otros-, que aún no se han pronunciado.
El abogado Francisco Cox, el mismo que hace cuatro años defendió exitosamente a Cubillos de una acusación constitucional, es el experto que defenderá a Marco Antonio Ávila. Sin embargo, aún faltan semanas de ires y venires para que se defina la suerte definitiva del ministro de Educación.
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